Estándares privados en el comercio de biocombustibles. En el marco del Programa de Inserción Agrícola (PIA), la Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), coordinó un estudio sobre la normativa europea relativa a biocombustibles y las distintas acreditadoras que surgieron para certificar la sustentabilidad de la soja. El trabajo fue realizado por la Lic. Sabine Papendieck y en él se analizaron diversos estándares privados ambientales que han proliferado para la cadena de la soja, que van más allá de los requisitos impuestos por la UE. Son los casos de la Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS, por sus siglas en inglés), la Mesa Redonda de Biodiésel Sustentable (RSB), la Agricultura Certificada de Aapresid y la Certificación Internacional de Sustentabilidad y Carbono (ISCC, por sus siglas en inglés). Dado que en la próxima edición de MERCOSOJA 2011 se hará una presentación sobre esta cuestión, parece pertinente adelantar algunas conclusiones de dicho trabajo. Entre las cuestiones que abarcan estas certificaciones se incluyen lineamientos respecto de la utilización de agroquímicos y fertilizantes, origen de las semillas, uso racional del agua, responsabilidades con las comunidades tradicionales, y tratamiento de residuos, entre otros aspectos. Es de notar que muchos de ellos no nacieron para responder a la normativa europea de energías renovables y con posterioridad tuvieron que adecuarse rápidamente para su cumplimiento. Por otro lado, a nivel local se impulsó el desarrollo de un esquema de certificación propio, elaborado por la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), hecho a medida de la normativa europea y que no abarca los otros aspectos adicionales, por el momento no exigidos por la UE. Hasta el momento la UE solo ha reglamentado lo que respecta al comercio de energías renovables, no abarcando a otros productos. Sin embargo, se debe estar alerta porque en el mediano plazo podría extenderse a otros productos. De acuerdo a cálculos realizados, en el corto plazo se requería certificar toda la soja que se utiliza para la producción de biocombustible destinada a la UE, o sea unas 5 millones de toneladas. En la actualidad, Holanda es el país que lidera este tipo de emprendimientos y tiene como objetivo comprar para el 2015 toda la soja con certificación RTRS. Si efectivamente la Iniciativa de Soja Sustentable holandesa tiene éxito, se requerirán al menos certificar unas 2,8 millones de toneladas adicionales, correspondientes a la cantidad de soja que se necesita para producir el aceite y la harina exportada actualmente a dicho país. En este caso en particular se requeriría el cumplimiento del estándar RTRS que es más exigente que la EU-RED. Esta iniciativa holandesa ya ha hecho acuerdos con la Duch Feed Industry Association (NEVEDI) para que le compre esta soja certificada. Dicha asociación nuclea fabricantes y vendedores de piensos, representando el 96% de la producción total de alimento para el ganado en los Países Bajos. La Argentina se está preparando y varios grandes productores ya podrían encarar el proceso de certificación. Los principales desafíos son el cambio de costumbre y de hábitos, y que aparezca un diferencial de precios para que justifique iniciar el proceso. Pero hay que estar alerta, ya que si todos los países empiezan a hacer lo mismo que Holanda, Argentina se vería forzada a hacerlo incluso asumiendo el costo. Una de las conclusiones que se extrae del trabajo de la Lic. Papendieck es que varias de las acreditaciones intentan ir más allá de la normativa europea, y que el proceso de certificación sería más caro que la implementación propiamente dicha. Se observa también que por el momento los productores y exportadores de biodiésel argentino son los más conscientes de ello, pero que el problema no debe percibirse únicamente de ellos, sino del complejo en su conjunto. Esto es así porque cada uno de los insumos que participan en la producción de biocombustible está involucrado en el proceso de certificación. Asimismo, si el poroto de soja o el aceite de soja tienen como destino final la producción de biocombustible en la UE también se le requerirá la certificación que exige la normativa europea. Finalmente, sobre los costos y beneficios de la certificación, se comenta que en los primeros cinco años habría un premio pero que luego se perdería, y que el mismo no superaría considerablemente el costo de la implementación. Este último estará dado básicamente por la adecuación de la producción a lo requerido por el estándar y el costo de auditoria necesario para evaluar el cumplimiento de los estándares. Teniendo en cuenta que es poco probable la existencia de un diferencial de precio a favor de la producción certificada, la certificación podría traducirse más bien en la dicotomía ingreso o no ingreso al mercado que exija la misma. El sistema de producción nacional actual cumpliría con los requisitos impuestos por la normativa europea en materia de energías renovables. Consecuentemente, los procesos burocráticos requeridos para la certificación serían el mayor costo al cual se verían enfrentados los productores. Las exigencias ambientales que la UE ya impone a los biocombustibles, necesariamente afectarán a la cadena de la soja, ya que le impondrán una serie de certificaciones que acrediten su sostenibilidad. Estas exigencias podrían en un momento determinado constituirse en trabas para la comercialización, propagándose a otros países o incluso a otros productos agrícolas.
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