EE.UU. – LEY AGRÍCOLA

No tan Súper. El Súper Comité de EE.UU. fracasó en su intento por elaborar una propuesta de reducción del déficit fiscal federal en 1,2 billones de dólares durante los próximos 10 años antes del 23 de noviembre, en la cual estuvieran incluidos los programas agrícolas. Los presidentes de los Comités de Agricultura del Senado y la Cámara de Representantes, quienes ayudaron al Súper Comité a identificar recortes en los subsidios agrícolas por 23 mil millones de dólares, indicaron que los trabajos para la confección de la nueva Farm Bill, que deberá entrar en vigor en 2012, continuarán ahora de acuerdo a los procedimientos normales en cada una de las comisiones del Congreso. No obstante, se espera que probablemente se anuncien a inicios del año que viene retenciones o recortes en los actuales programas de subsidios, por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Sin las restricciones de tiempo impuestas por el Comité de Reducción del Déficit, que pretendía aprobar una ley en un período de seis a ocho semanas, cuando tradicionalmente ha tomado 12 meses, analistas en Washington sugieren que el proceso de elaboración de la nueva ley se volverá más transparente e inclusivo. Si bien no resulta claro si el proceso se reiniciará sobre las bases de lo ya trabajado por el Súper Comité, los parlamentarios están seguros que la ley contará con mucho menos presupuesto. Por su parte, el Secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, esbozó las prioridades de su Departamento para la Farm Bill 2012. Luego de referirse a que la ley no debe ser considerada como exclusivamente agraria, dado que tiene cuenta aspectos de energía, ayuda alimentaria, desarrollo rural y empleo; hizo mención al recorte presupuestario propuesto de 23 mil millones de dólares, recalcando que esta realidad va a influenciar la redacción de la futura ley, siendo necesario eliminar todas las disposiciones superfluas. El Secretario manifestó la necesidad de contar con una fuerte red de seguridad para los agricultores, mostrándose partidario de mantener, con modificaciones, los actuales programas de ayuda ante desastres y garantía de ingresos. También defendió los programas de ayuda alimentaria, que representan el 75% del presupuesto de la ley, y a través de los cuales 44 millones de norteamericanos de bajos ingresos pueden acceder a alimentos sanos y nutritivos.
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