Nuevos controles a las importaciones
El gobierno argentino implementó nuevos controles a las importaciones.
El pasado 1 de febrero entró en vigencia la resolución 3252 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que obliga a los importadores a presentar una declaración jurada anticipada de importaciones (DJAI) toda vez que deseen realizar compras del exterior. Estas declaraciones permitirán al gobierno conocer con anticipación el valor FOB y la divisa correspondiente de la operación de importación, la posición arancelaria, el tipo y cantidad de unidades de comercialización, el estado de la mercadería, el país de origen y procedencia de la misma y las fechas previstas de embarque y arribo.
Formalmente, se sostiene que no se trata de trabas adicionales a las importaciones, si no de un instrumento que permitirá agilizar los trámites, contribuyendo a la armonización y unificación de la información a través de la automatización de servicios de “Ventanilla Única”. La Resolución establece que la información registrada en dichas declaraciones juradas será puesta a disposición de los Organismos que adhieran a este mecanismo. Los mismos, deberán efectuar las observaciones que correspondan dentro de las 72 horas de la oficialización de dicha declaración. El plazo podrá ampliarse hasta un máximo de 10 días corridos en aquellos casos en que la competencia específica del organismo adherente así lo amerite. Trascurrido el mismo sin haberse efectuado observación alguna continuará la tramitación para la operación de importación. En caso de observaciones, se deberá tomar conocimiento de la misma en el organismo respectivo a los fines de su regularización.
El primer organismo en adherir a este sistema fue la Secretaría de Comercio Interior, cuyas autoridades señalaron la importancia de contar con la información contenida en las DJAI, para realizar análisis tendientes a impedir que el mercado interno se vea afectado negativamente, y a evaluar el grado de competitividad de la actividad económica, posibilitando la tipificación de las estructuras de costos de los bienes que conforman el mercado. La polémica surgió cuando esta Secretaría comunicó que se pronunciará sobre las DJAI en un plazo no mayor a 15 días hábiles, superior al estipulado por la AFIP. Debido a estas diferencias de criterio con el titular de esa administración, según medios periodísticos, el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, decidió instaurar un sistema paralelo para control y aprobación de las importaciones. Así, los importadores deben, además de completar los formularios de la DJAI, enviar un correo electrónico a Moreno. Aquellos que posean trámites “observados” por el Secretario deberán contribuir con información adicional, como una lista de precios de los productos que importaron y comercializaron en el mercado interno con los aumentos mensuales desde 2010 a la actualidad, proyecciones de importaciones y exportaciones para 2012 y los datos personales de una persona de contacto dentro la empresa.
Según medios periodísticos, el secretario de Comercio Interior citó a las 150 firmas con mayor peso en las importaciones para comunicarles que en su sistema la aprobación de las compras externas estará vinculada a la compensación que logren de sus importaciones con exportaciones de cualquier tipo, a excepción de commodities. Señaló también que los permisos estarán ligados a un compromiso de rebajas, o no aumentos, de precios en las ventas al mercado interno. Otras entidades que adhirieron al mecanismo de la AFIP fueron la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Los mencionados controles provocaron cuestionamientos de empresarios e importadores argentinos, quienes se mostraron preocupados por el desconocimiento que existe tanto sobre los criterios que se utilizarán para aceptar o rechazar los pedidos de importación, como sobre el tiempo exacto que tomará la aprobación de las declaraciones. Si bien ciertas cámaras empresariales denunciaron el riesgo de cese de actividades en algunas ramas ante la falta de maquinarias e insumos claves, mostraron prudencia para evaluar los resultados del nuevo mecanismo. También se alertó sobre el posible faltante de algunos productos de primera necesidad que no se producen en el país, como medicamentos. Como era de esperarse, las críticas también se escucharon de parte de algunos de los principales socios comerciales del país. Tanto el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, como la Confederación Nacional de Industria (CNI) y la prensa brasileña advirtieron que los nuevos requisitos de importación son contrarios a la normativa del Mercosur y resultarán en un grave perjuicio para el comercio bilateral. En duros términos, el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Fernando Pimentel dijo que «la Argentina ha sido un problema permanente”. Por su parte, la Federación de Industrias de São Paulo (Fiesp) se mostró más cauta y planteó la posibilidad de encontrar salidas creativas al diferendo comercial.
A principios de febrero se produjo la visita de la secretaria de Comercio Exterior brasileña, Tatiana Prazeres, para estudiar el impacto que el nuevo sistema tendrá sobre las ventas brasileñas. También se escucharon reclamos de parte de los empresariados de Paraguay, Estados Unidos y Uruguay. En este último, el presidente Mujica se manifestó presionado por el sector privado de su país a declararle la “guerra comercial” a Argentina.
De acuerdo a analistas, el fin último que persiguen estas medidas es mantener un saldo positivo en la balanza comercial de 10 mil millones de dólares y evitar la fuga de divisas. La política comercial se ha subordinado al objetivo de asegurar los dólares necesarios para que el Gobierno cumpla con sus compromisos externos. No obstante, señalan que las restricciones al ingreso de bienes extranjeros al país, en caso de ser generalizadas, pueden dañar el proceso productivo local, acelerar la inflación y, a largo plazo, ser contraproducentes para la consecución de este objetivo, al disminuir las exportaciones. Por último, estas políticas, que se suman a las ya conocidas licencias no automáticas de importación (LNA), pueden tener consecuencias negativas sobre las exportaciones del país, al generar represalias comerciales de nuestros principales socios, como la restricción aplicada por el gobierno chino a la importación de aceite de soja en 2010.
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