ARGENTINA

Reclamos al mundo desarrollado. El Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo una importante actividad en diversos foros internacionales. El día 24 de mayo, el canciller argentino, Héctor Timerman, se entrevistó con el director de la OMC, Pascal Lamy, en el marco de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, llevado a cabo en Paris. Durante la reunión, Timerman le planteó a Lamy la preocupación argentina por la existencia de un serio riesgo de que se abandonen los objetivos de desarrollo concebidos en el lanzamiento de la Ronda Doha en 2001, lo que puede redundar en el mantenimiento de la situación existente de desbalance en el comercio internacional, en beneficio del mundo desarrollado. También señaló que era inaceptable la falta de avances en el cumplimiento del compromiso de eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas que está prevista para 2013, según se acordó en la reunión ministerial del 2005. El Canciller argentino exigió que la OMC impulse el cumplimiento de dicho acuerdo. Debe notarse que la Declaración Ministerial de Hong Kong, adoptada el 18 de diciembre de 2005, establece que los Miembros convienen en “asegurar la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a la exportación, y disciplinas conexas para fines de 2013”. Sin embargo, esta eliminación está condicionada a la culminación exitosa de la Ronda Doha. Difícilmente los Miembros den lugar al cumplimiento de este compromiso sin que se hayan acordado el resto de los temas en negociación. En otro pasaje de la reunión le expresó su rechazo a la intención de los Países Desarrollados (PD) de realizar acuerdos entre pequeños grupos de países por fuera de lo acordado en Doha, por considerar que constituye una amenaza a la conclusión de acuerdos de carácter multilateral que incluyan a todos los Miembros de la organización. Destacó la peligrosidad de avanzar sólo en determinados aspectos que constituyen un interés primordial de los PD, sin contrapartida en aspectos como la agricultura, que resultan vitales para el mundo en desarrollo. Destacó además el hecho de que en las negociaciones se mantenía aún la histórica diferencia en el tratamiento de los productos industriales respecto de los agrícolas. Entre otras cuestiones, solicitó que la OMC se aboque a la eliminación de nuevas barreras al comercio impulsadas por los países desarrollados bajo la excusa de protección al medio ambiente, bienestar animal, fitosanitarias y exigencias sin fundamentos científicos. Precisamente, esta reunión aconteció un día antes de que la UE presentara un pedido de consultas -fase inicial para un procedimiento jurisdiccional- contra Argentina en el ámbito de la OMC, por la aplicación de restricciones a las importaciones (Ver Boletín). En la misma ocasión, Argentina junto con otros 11 países, criticaron a EE.UU. por el incumplimiento de fallos del Órgano de Solución de Diferencias. Argentina señaló que la falta de voluntad por parte de un miembro del poderío económico de EE.UU. en instrumentar una decisión de la OMC genera falta de credibilidad en el sistema multilateral. En la Reunión Anual del Consejo Ministerial de OCDE, el canciller Timerman aprovechó su intervención para afirmar que los países en desarrollo están siendo sujetos a presiones injustificadas para que revisen las legítimas políticas comerciales implementadas respetando sus obligaciones multilaterales. Criticó a los PD, indicando que los mismos se negaban a desmantelar sus medidas tradicionales, y se refirió entre otros temas a las prácticas comerciales de larga data en el sector agrícola, que incluyen los subsidios distorsivos, las cuotas, el escalonamiento y los picos arancelarios. Finalmente, en el marco de la reunión de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en Bonn, Alemania, entre el 14 y 25 de mayo pasado, Argentina, junto con más de 60 países en desarrollo, presentaron una declaración conjunta exhortando a los países industrializados a no adoptar medidas unilaterales, con argumentos basados en el cambio climático, que traben las exportaciones de bienes y servicios de los países en desarrollo. La Cancillería señaló que dichas políticas resultan contrarias al derecho internacional, por transferir injustamente la carga de las obligaciones ambientales hacia los países de menores recursos, protegiendo los intereses industriales de los países más ricos y sin tener las medidas una efectividad ambiental comprobada.
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