Otra vez la misma cantinela

Con la sanción de una nueva Farm Bill, Estados Unidos queda nuevamente en riesgo de ser objeto de controversias comerciales en la OMC, específicamente en relación al caso del algodón con Brasil. Como se recordará, en abril de 2010 Brasil y EE.UU. firmaron un memorando de entendimiento bajo el cual Brasilia desistió de imponer sanciones comerciales, a cambio de la constitución de un fondo anual de 147 millones de dólares, destinado a proporcionar ayuda técnica y fomento de capacidad para el sector algodonero brasileño. Según el acuerdo, el dinero también podría ser usado para actividades relacionadas con la cooperación internacional en el sector de algodón en países de África subsahariana (principalmente para los miembros del Cotton-4: Benín, Burkina Faso, Chad y Malí), el Mercosur, Haití, o cualquier otro país en vías de desarrollo que las partes convengan. Otros dos aspectos del memorando fueron la reducción de los créditos para la exportación de algodón estadounidense (el denominado programa GSM-102), y un reconocimiento para el estado de Santa Catarina respecto de ciertas enfermedades, que le permitiría a Brasil exportar carne fresca de ternera a EE.UU. por primera vez en una década. Así Brasil se abstuvo de imponer medidas de represalia que ya habían sido autorizadas por la OMC por un monto de 830 millones de dólares. Se dispuso que dichos pagos continuarían hasta que EE.UU. reformara sus programas de subsidios previstos en su ley agrícola. En agosto de 2013, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, anunció la suspensión de los pagos al alegar que la ley agraria expiraría el 30 de septiembre de 2013 y correspondía al Congreso aprobar una nueva ley que solucionara el asunto. Ante esto, Brasil se mantuvo expectante. Finalmente, habiéndose aprobado una nueva versión de la Farm Bill (Ver Boletín Nº 134), los cuestionamientos volvieron a aparecer. El canciller de Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, dijo a finales de enero que su Gobierno examinará «con lupa» la nueva ley agrícola de EE.UU. para comprobar si satisface sus demandas respecto a la reducción de los subsidios estadounidenses al algodón, sin descartar aún la posibilidad de represalias comerciales. En este sentido, el alto representante de EE.UU. para el Comercio Exterior, Michael Froman, aseguró que la nueva ley «atiende las preocupaciones brasileñas» en cuanto al contencioso comercial sobre el algodón. Figueiredo calculó que el proceso de revisión llevará «hasta dos meses» y recordó que la decisión de tomar represalias correspondería a la Cámara de Comercio Exterior (Camex) brasileña. A la espera de la nueva ley agrícola, la CAMEX ya había iniciado consultas con las partes interesadas en el conflicto algodonero, con el fin de decidir antes del próximo 28 de febrero si impone sanciones a EE.UU. De una primera lectura sobre nueva legislación surge que la norma efectivamente elimina los subsidios directos a la producción de algodón, como reclamaba Brasil. Esto, de acuerdo a las autoridades y el sector en EE.UU., es suficiente para cumplir con el fallo de la OMC. Sin embargo, la ley establece un sistema de potenciales ayudas indirectas, lo que puede no satisfacer del todo las demandas brasileñas. Con el nuevo marco legal, los productores de algodón pueden optar a un seguro que les garantiza un nivel mínimo de ingresos en los próximos años. El aspecto esencial es que parte del monto del seguro -puede llegar hasta el 80% del total- estará financiando por el Gobierno de EE.UU. Todo parece indicar que nuevamente la OMC deberá, mediante un panel convocado al efecto, mediar entre ambos países para definir si la nueva Farm Bill se adecua o no a los reclamos brasileños.
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