Los países de la UE se encontrarían en las puertas de aprobar una reforma de la política comunitaria sobre biocombustibles, por la cual se limitaría el uso de aquellos elaborados a base de cultivos que pueden interferir en la producción de alimentos, como el maíz, el trigo, la remolacha, la colza o la soja. Asimismo, se impulsaría, aunque sin medidas de cumplimiento obligatorio, el uso de los nuevos combustibles alternativos o de última generación, como los que se producen con desechos.
Se espera que la aprobación se produzca el próximo 30 de junio en Luxemburgo, durante la reunión de ministros europeos de Medio Ambiente.
El objetivo de la reforma es limitar el aporte de los biocombustibles tradicionales a los objetivos medioambientales de la UE para 2020, año en que se ha comprometido a que un 10% de la energía utilizada en el sector del transporte provenga de fuentes limpias, sin importar su origen.
Inicialmente, la Comisión Europea planteó que los biocombustibles de “primera generación” supusieran como máximo un 5% de la energía renovable usada en el transporte en 2020. El 5% restante debería ser cubierto con biocarburantes de última generación, fabricados a partir de residuos y otras fuentes alternativas como la paja, que emiten menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles, u otras fuentes limpias como el hidrógeno o la electricidad.
Frente a las reticencias mostradas por los países, se presentó un primer texto de compromiso en el que se elevaba la cuota para biocombustibles tradicionales hasta el 7%, que fue rechazada en diciembre último. La principal razón fue que la propuesta no incluía ningún mínimo obligatorio para los biocombustibles de nueva generación, de manera que la apuesta por los mismos sería voluntaria; lo que generó el disgusto de países como Italia, el Reino Unido o Dinamarca, que criticaron la falta de ambición de la iniciativa.
El nuevo texto vuelve a plantear el límite del 7% para los biocombustibles tradicionales, pero agrega un objetivo voluntario del 0,5% para los de nueva generación. También mantiene la obligación de reportar las emisiones indirectas ILUC (cambio indirecto del uso de la tierra, por sus siglas en inglés) propuesta en un inicio por la Comisión, pero que había sido diluida en el texto rechazado en diciembre.
Esta reforma puede impactar de lleno en productores de biodiesel a base de soja, como es el caso de Argentina. Si bien en la actualidad el mercado se encuentra cerrado por los derechos antidumping impuestos en noviembre de 2013, esta cuestión no debe tomarse a la ligera. No sólo implica un techo a las posibilidades futuras de crecimiento local del biodiesel, si no que puede además afectar a la demanda de aceites en general, y por lo tanto al precio del aceite de soja.
En el caso de EE.UU., el mayor productor de etanol del mundo con capacidad para más de 14 mil millones de galones al año, también se busca reducir el porcentaje de corte, o al menos, su posibilidad de crecimiento.
Para 2014, de seguir el mandato establecido por la ley, se hubieran necesitado 14,4 mil millones de galones. No obstante, los niveles de consumo de gasolina no han crecido conforme a lo previsto. Por esta razón, de volcarse esa cantidad de etanol al mercado se habría superado el porcentaje de corte del 10%, límite máximo que están dispuestas a vender las compañías petroleras.
Esta situación, conocida como la «blend wall», llevó a la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) a proponer que se recorte el mandato de etanol a base de maíz a 13 mil millones de galones.
Finalmente, José Graziano da Silva, director general de la FAO, publicó un artículo de opinión en el cual abordó la temática de los biocombustibles. Allí señaló que uno de los principales retos es promover la producción de biocombustibles protegiendo a la vez el suministro y los precios de los alimentos, especialmente en países en desarrollo y economías emergentes. Indicó que las políticas pueden ser más efectivas si son lo suficientemente flexibles como para contrarrestar las variaciones del mercado y responder a las cambiantes necesidades humanas.
En la actualidad, más de 60 países cuentan con legislación que especifica el porcentaje de contenido del combustible que debe provenir de fuentes renovables. Para Graziano da Silva, una alternativa viable seria permitir una flexibilidad adicional, con el objetivo de minimizar la presión sobre los precios de los alimentos.
Concluye señalando que la producción de biocombustibles y la seguridad alimentaria no tienen por qué ser mutuamente excluyentes, pero hay que reconocer el intrínseco vínculo que existe entre ambas en el proceso de formulación de políticas, con el fin de mantener un equilibrio constante entre seguridad energética y el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada, asequible y nutritiva.
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