El pasado 1 de febrero, el gobierno chino dio a conocer el denominado Documento Central Nº1,el primero de una serie de documentos que fijan las políticas que cada año publican el Comité Central del PCCh y el Consejo de Estado, que es el gabinete chino. Como acontece desde 2004, el mismo se centra en la agricultura y los asuntos rurales, lo que permite inferir el preminente rol que se asigna a la cuestión en el país asiático.
El objetivo principal de este año es la intensificación de las reformas y la innovación para acelerar su modernización agrícola. El documento enumera cinco aspectos y 32 puntos para el trabajo detallado del gobierno en las reformas relacionadas con los «tres asuntos rurales«, que son la agricultura, el campo y el campesinado. Resalta los desafíos que enfrenta China en el sector agrícola: los crecientes costos de producción, la escasez de recursos, la explotación excesiva y el agravamiento de la contaminación.
Se insta a «poner más énfasis en la calidad, la cantidad y los beneficios y darle importancia a la competitividad, la innovación tecnológica y el crecimiento sostenible». Respecto de la seguridad alimentaria, se estrechará la regulación y el control sobre la calidad de los productos, y se resaltó especialmente la «popularización» de los productos transgénicos
Se hace foco en la modernización de la infraestructura, entre ellas, la colocación de tuberías de agua, la mejora de las redes de energía o la construcción de otras que permitan utilizar energías alternativas como la solar. En la misma línea, se impulsarán reformas para «limpiar» las zonas dañadas por la minería y anunciaron que se crearán «áreas» en las que se prohibirá el desarrollo urbano e industrial.
También alude a la reforma del sistema legal de las zonas rurales. En relación a esto, se mejorará la legislación existente y los contratos de la tierra de los agricultores, que actualmente suelen tener posesión de un terreno por un largo periodo de tiempo, lo que les permite explotarlo pero no venderlo. La reforma, según se detalla, plantea permitir a los agricultores comerciar con su tierra, sin precisar -de momento- de qué manera.
Con el objetivo de reducir la desigualdad entre zonas urbanas y rurales y de aumentar la productividad, se incrementarán los subsidios directos a los agricultores, se investigarán nuevas «y baratas» formas de financiarles y se incentivará la inversión privada en el sector.
Las autoridades estiman que para 2020 se trasladaran cien millones de campesinos a las ciudades, una cifra que esperan que llegue a los 400 millones a largo plazo.
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