El pasado 24 de julio se conoció el informe del Grupo Especial (GE) de la OMC encargado de dirimir la controversia entre EE.UU. y Argentina, por la aplicación de restricciones al ingreso de carne bovina por parte del primero.
El caso tuvo su origen en las medidas estadounidenses de 2001 cuando, tras varios casos de fiebre aftosa en Argentina, prohibieron la importación de carne proveniente de nuestro país.
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que había reconocido a Argentina en el año 2000 como territorio libre de fiebre aftosa sin necesidad de vacunación, le retiró dicha condición en mayo de 2001 tras la aparición de casos de la enfermedad.
En 2002 la OIE devolvió a la región patagónica al sur del paralelo 42 el estatus de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, el cual se extendió a la zona entre el paralelo 42 y el Río Negro en 2007. Para la zona “norte”, donde se concentra la mayor parte de la producción ganadera, entre 2003 y 2007 se reconoció el estatus de libre de la enfermedad con vacunación. Dicho reconocimiento fue suspendido tres veces tras brotes de la enfermedad en zonas específicas. Posteriormente, desde 2007 este estatus se sometió a una revisión anual y en 2011 la OIE reconoció una zona de protección establecida a lo largo de la frontera entre Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil como libre de fiebre aftosa donde se aplique la vacunación.
Ante esta situación, Argentina pidió el establecimiento de un panel para que revisara la prohibición de importación estadounidense, citando dudas sobre la justificación científica y la concordancia con los estándares internacionales. Además, se informó de retrasos indebidos en la aprobación de importación de carne fresca y en el reconocimiento de la Patagonia como región libre de la enfermedad.
Según entendió el GE, las disposiciones del Código Sanitario de la OIE establece que las importaciones provenientes de países o zonas donde se ha vacunado al ganado pueden ser comercializadas con seguridad y deberían permitirse en tanto se mantengan los protocolos de mitigación necesarios. La OIE dispone que bajo ciertas condiciones se puede permitir el comercio de carne proveniente de una zona con presencia de fiebre aftosa siempre y cuando se cumplan los protocolos de vacunación de la OIE. Dado que esto se cumple en el norte de Argentina, el GE concluyó que la prohibición de EE.UU. no se encuentra basada en estándares internacionales válidos.
Asimismo, también se encontró que EE.UU., faltando al requerimiento del Acuerdo MSF, no realizó el procedimiento para analizar la solicitud argentina para permitir el ingreso de carne del norte del país así como el reconocimiento de la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa.
Por último, el GE consideró que la prohibición estadounidense de 2001 se basó en el análisis científico regular de esa época, la situación local en Argentina y una revisión del impacto económico de potenciales medidas, por lo que cumplió con una evaluación de riesgo según el Acuerdo MSF. Sin embargo, para el GE, EE.UU. recibió información científica nueva y relevante sobre la situación de Argentina en 2002, por lo que la evaluación de riesgo realizada ya no brindaba base suficiente para mantener la prohibición.
Tras la circulación del informe, ambas partes cuentan con 60 días para apelar, pero solamente respecto de la interpretación legal, no así sobre cuestiones fácticas.
Ahora bien, previendo un desenlace adverso, en agosto de 2014 la oficina de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de EE.UU. anunció la adición de Patagonia a la lista de regiones consideradas libres de fiebre aftosa y peste bovina, permitiendo las importaciones de carne provenientes de estas. Y recientemente, en junio del presente año, EE.UU. afirmó que permitiría la importación de carne del norte de Argentina, lo que se hará efectivo a partir del 28 de septiembre.
Las principales entidades del sector celebraron la reapertura, pero son prudentes en cuanto a las posibilidades de aprovechar plenamente el nuevo escenario. Los representantes de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA) y del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) creen que la medida del Gobierno estadounidense por sí sola es insuficiente para revitalizar las exportaciones cárnicas. Para el IPCVA, la medida podría tener un impacto fuerte, ya que se alcanzarían a exportar cerca de 20.000 toneladas mensuales, pero sería necesario para ello que se defina una política flexible de exportaciones.
Para CICCRA las ventas dependerán de la modificación de las condiciones macroeconómicas de Argentina. Se señaló la falta de previsibilidad necesaria para generar el tipo de carne que pide Estados Unidos, que es un novillo pesado, que lleva un año más engordarlo. Por otro lado, también resaltaron que con la tasa de cambio actual, los valores obtenidos exportando serían equivalentes a los que se obtienen en el mercado doméstico, por lo que no sería rentable la exportación.
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