Luego de varios meses, finalmente culminó el proceso de impeachment (juicio político) contra Dilma Rousseff. El 31 de agosto, se realizó la votación final en el Senado, condenando a dicha mandataria y ratificando al presidente que fuera interino durante el proceso del juicio, Michel Temer.
Vale recordar, que el Senado de Brasil había votado en el mes de mayo a favor del juicio político contra la entonces Presidente brasileña, separándola de su cargo por un período de 180 días, durante los cuales se analizarían las pruebas que la vinculan con las llamadas “pedaladas fiscales”. Estas últimas implican el uso de fondos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno. Dilma fue acusada de un crimen de responsabilidad por haber publicado decretos de crédito adicionales sin autorización del Congreso y también por utilizar dinero de los bancos federales en programas del Tesoro.
El 25 de agosto inició la fase final del juicio, que involucró sesiones en el pleno del Senado, bajo la conducción del presidente Supremo del Tribunal Federal de Brasil. El día 29 Rousseff tuvo la oportunidad de dirigirse personalmente al Senado en un discurso en defensa de las acusaciones del proceso de impeachment y finalmente el 31 de agosto los legisladores brasileños decidieron el futuro del país, condenando a Dilma por los delitos.
Durante la sesión final del impeachment la votación se dividió en dos partes: por un lado, se votó sobre la culpabilidad de Dilma en relación con los delitos de los que se la acusaba y por otro, se decidió sobre los derechos políticos que tendría post-juicio.
En el primer caso, para ser hallada culpable, debían conseguirse dos tercios de los votos del Senado. Es decir, como mínimo 54 de los 81 miembros debían votar a favor de la destitución de la mandataria. El resultado del sufragio fue contundente: Rousseff fue hallada culpable por 61 votos (a favor) contra 20 (en contra), sin abstenciones.
En el segundo caso, había que definir si al mismo tiempo que se la destituía del cargo presidencial, quedaba inhabilitada para ejercer o presentarse como candidata en cargos públicos durante ocho años. Lo curioso fue el resultado de esta última votación, que a pesar de destituirla de la presidencia, fue rechazada la inhabilitación, dado que no se alcanzaron los dos tercios necesarios: de los 81 senadores 42 votaron a favor, 36 en contra y hubo 3 abstenciones. Es decir, que la actual expresidente podrá ejercer otros cargos públicos si así lo quisiera.
De esta forma, el recientemente ratificado Michel Temer ocupará el cargo de Presidente hasta el próximo llamado a elecciones en 2018. Cabe esperar entonces que resuelto el juicio político, y una vez establecido Temer en funciones definitivamente, comiencen a acomodarse las demás variables. Hasta el momento, Brasil dependía del resultado del juicio para tomar decisiones tanto de política económica como comercial, entre otras.
Ahora que esta situación de incertidumbre se resolvió, es de esperar que empiece a haber definiciones en los distintos ámbitos, las que podrían tener consecuencias a nivel regional (MERCOSUR). Al respecto, Temer ya anunció algunas prioridades para el ejercicio de su mandato: arreglar la economía de Brasil, atraer inversión extranjera, reducir el desempleo e iniciar la reforma del sistema de pensiones.
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