Fuente: MRECIC, Información para la Prensa N° 104/17 (01 Abril 2017)
Con la ruptura del orden democrático en el país bolivariano, los países de la región (a través de la OEA y el propio Mercosur) optaron por tomar cartas en el asunto y buscar mecanismos institucionales que permitan ayudar y acompañar a Venezuela a salir de esta situación.
La crisis política y económica local e institucional regional que sufría Venezuela, se agravó a fines de marzo pasado cuando el Tribunal Supremo de Justicia dictó dos sentencias a través de las cuales dicho órgano se atribuía las funciones y competencias del Parlamento (Asamblea Nacional), que estaba formado por amplia mayoría opositora. Para la comunidad internacional, tal acontecimiento significó una ruptura del orden democrático venezolano.
Desde la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Secretario General, Luis Almagro, denunció un “auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional, último poder del Estado legitimado por el voto popular” y convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
El día 3 de abril en ocasión de dicho encuentro, el Consejo Permanente resolvió[1]: “urgir al Gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”, manteniéndose dispuesto a apoyar las medidas que permitan el retorno a la democracia y emprender las gestiones diplomáticas que fueran necesarias para normalizar la institucionalidad democrática, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.
Desde el Mercosur la respuesta tampoco se hizo esperar. La Argentina, en carácter de Presidencia Pro Témpore del bloque, convocó a los Cancilleres de los Estados Partes (EP) para discutir la situación del país bolivariano. El encuentro se enmarca en el Protocolo de Ushuaia, sobre Compromiso Democrático[2] en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile. Dicho instrumento establece los pasos a seguir ante la ruptura del orden democrático en alguno de los Estados Partes firmantes. Vale recordar en este punto que Venezuela para ser admitido como miembro pleno del Mercosur tuvo que adherirse al mismo.
En efecto, el Protocolo establece que en ocasión de ruptura del orden democrático los restantes EP promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el estado afectado (Art. 4) y cuando las mismas resultaren infructuosas, los EP “considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente. Dichas medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos” (Art. 5).
Según un comunicado de prensa de la Cancillería argentina, como resultado de las consultas entre los miembros del Mercosur se definió avanzar con Venezuela para entender primero el estado de situación y para ayudar a resolver los temas esenciales: cronograma electoral, separación de poderes y presos políticos. A través de una Declaración Conjunta firmada el 1ro de abril por todos los EP, se decidió instar al gobierno venezolano a adoptar medidas constitucionales concretas para asegurar la efectiva separación de poderes, el respeto al estado del derecho, a los derechos humanos y las instituciones democráticas.
Por último, cabe destacar que el día 26 de abril en reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA se aprobó convocar a los Ministros de Relaciones Exteriores de la región para considerar la situación por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela.
[1] CP/RES. 1078 (2108/17)
[2] Entró en vigencia para los cuatro Estados Parte fundadores del Mercosur el 17/01/2002 y para Venezuela el 14/02/2007.
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