CUMBRE DE CAMBIO CLIMÁTICO

Luego de dos semanas de intensas negociaciones en Copenhague no pudo lograse el deseado acuerdo climático mundial, y simplemente se acordó una decisión de tres páginas. En la misma, se reconoce la importancia de controlar el calentamiento global, reconociendo que existen responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero sin arribar a compromisos vinculantes específicos. Durante la primera semana de negociaciones surgieron resistencias en torno a diversos temas. El primero fue acerca de la continuidad o no del Protocolo de Kyoto. Mientras que los países en desarrollo insistieron en reforzar el Protocolo, los países desarrollados estuvieron debatiendo sobre cómo se realizarían las nuevas reducciones a las emisiones, alegando que éstas deben ser parte de un nuevo acuerdo. Para los primeros, el nuevo acuerdo debería ser un complemento de Kyoto, no un reemplazo. Otro de los focos de tensión fue la proliferación de borradores de texto como bases para un acuerdo final. El primero fue el borrador que las Partes han estado confeccionando durante los dos últimos años, y que equivale a 200 páginas. A su vez, los presidentes de las dos negociaciones (del Protocolo de Kyoto y de la Acción de Cooperación a Largo Plazo, de donde provendría un posible acuerdo de Copenhague), presentaron por iniciativa propia dos textos que provocaron reacciones diversas. Ese mismo día el Grupo Africano y la Alianza de Pequeñas Islas (AOSIS, por sus siglas en inglés) introdujeron sus propuestas para el nuevo acuerdo. También se tuvo conocimiento de dos textos adicionales, uno preparado por el gobierno danés, y otro por el grupo de grandes países en desarrollo, que incluyen a Brasil, Sudáfrica, China e India. El mayor conflicto fue en torno al documento conocido como ‘”el texto danés”. El mismo, que fuera elaborado en consulta con otros países desarrollados, fue ampliamente criticado por la obligatoriedad de la reducción de emisiones para los países en desarrollo, entre otras cuestiones. Respecto a los temas comerciales, uno de los puntos centrales giro en torno al financiamiento para la reducción de las emisiones de los países en desarrollo. Sólo la Unión Europea (UE) prometió US$ 10 mil millones para los próximos tres años, los cuales se destinarían a un fondo ‘fast-track.’ Por el lado de EE.UU., señalaron que no deseban comprometer niveles superiores de ayuda para el financiamiento a largo plazo, pues podrían no ser aprobados por el Congreso de su país. Otro de los temas delicados es el referido a las medidas unilaterales de comercio. EE.UU. ha expresado el temor de que la reducción de emisiones dañará a la industria de su país atrayéndola a otros países con marcos legales ambientales más laxos, por lo que impulsa la protección a través de medidas en frontera. Esta postura fue muy criticada, sobre todo por los países en desarrollo, por considerarla mecanismos proteccionistas incompatibles con las medidas multilaterales de comercio. Finalmente, en relación a la agricultura se han previsto en la negociación restricciones para la creación de estándares internacionales o “cualquier otra medida que pueda afectar adversamente el desarrollo sostenible y resultar en barreras o distorsión al sistema internacional de comercio de bienes y productos del sector agrícola”. Con esto se busca promover la cooperación e investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología para la mitigación en el sector, incluyendo aquellos que podrían apoyar la adaptación. La posición de Argentina, representada por el canciller Jorge Taiana, fue de adhesión al resto de los países en vías de desarrollo. Solicitó que «los países desarrollados asuman sus responsabilidades en este proceso y, por lo tanto, cumplan sus objetivos claros de reducción de emisión (de dióxido de carbono), faciliten los fondos para la mitigación y adaptación (al cambio climático) y faciliten la transferencia tecnológica». Durante la segunda semana, las delegaciones asiáticas sostuvieron que solamente se conformarían con un acuerdo político en la creencia de que éste garantizará la adopción de un acuerdo posterior que sea legalmente vinculante. Por el lado de la UE, exigió mayor compromiso de parte de EE.UU. y China. El ministro sueco de Medio Ambiente, Andreas Carlgren, sostuvo la necesidad de un “acuerdo que incluya muchos aspectos del Protocolo de Kyoto, pero que englobe, especialmente, a EE.UU. y a China, que juntos suman el 50% de toda la contaminación del planeta». EE.UU. indicó, por medio de su secretaria de Estado, Hillary Clinton, que ayudaría a movilizar 100.000 millones de dólares al año para el 2020 para ayudar a los países pobres a luchar contra el cambio climático. Pero por otro lado, señaló que no puede presentar financiación a largo plazo porque el Senado lo vetaría. Este es un punto fundamental, dado que los países en desarrollo exigen la garantía de esos fondos para aceptar limitar el crecimiento de sus emisiones. Por el lado de China, insistió con su plan de reducir entre un 40 y un 45 por ciento su “intensidad energética” antes de 2020, pero se negó a que la ONU audite sus planes de emisiones, cuestión que la UE y EE.UU. consideran esencial. Finalmente, la UE quería un nuevo protocolo que sustituya al de Kyoto y al que se sume EE.UU. y los grandes países en desarrollo, pero éstos se opusieron. De esta manera llegó al último día de negociaciones. El texto de la declaración final surgió de la negociación a puertas cerradas que mantuvieron las grandes potencias (EE.UU., China, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Japón, Brasil, Rusia o México) conjuntamente con España y Suecia (por la UE), Leshoto, Etiopía, Sudáfrica, Sudán (por África) Maldivas (por las islas que se van a hundir con la subida del nivel del mar) y Arabia Saudí (por los países petroleros). Una vez concluida la misma, se presentó en el Plenario, donde al resto de países no les quedó más que ratificarlo (mientras que Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Sudán se opusieron). Lo acordado esta lejos del ideal. El ministro británico Ed Miliband, sostuvo que la principal falla del acuerdo es que no incluye cómo hacer vinculantes los compromisos para lograr contener el ascenso de la temperatura en un máximo de dos grados por siglo. Asimismo, indicó que no se establece ni la concentración de CO2 necesaria para lograr ese objetivo, ni el año del máximo de emisiones, entre 2015 y 2020, ni la necesidad de que en 2050 sean la mitad que en 1990. Respecto a los planes nacionales, los países desarrollados se comprometieron a presentar objetivos de reducción de emisiones antes del 1 de febrero de 2010. Dichas reducciones y la financiación a los países en desarrollo serán declaradas, medidas y verificadas por la ONU. En cuanto a los países en desarrollo, podrán «implantar medidas de mitigación» de emisiones que comunicarán antes de febrero de 2010. Estas acciones serán objeto de «declaración, medida y verificación nacional» y cada dos años informarán a la ONU y habrá un sistema «internacional de consulta y análisis bajo guías claramente definidas que aseguren que se respeta su soberanía nacional». Las acciones financiadas con dinero internacional estarán sujetas a la supervisión normal de la ONU. Los países menos desarrollados y las pequeñas islas podrán realizar acciones voluntarias si reciben apoyo. Finalmente, cabe destacar que seguramente las negociaciones continuaran en 2010, con miras a la próxima Conferencia de las Partes en 2010 (COP 16) que se desarrollará en México, donde se intentará alcanzar un compromiso más exigente con el objetivo de lograr la reducción de las emisiones de GEIs.
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