Se aprobó nuevo evento para la soja.
Se autorizó a la empresa Bayer el uso de una semilla que permite resistir a malezas que afectan el cultivo. De esta manera, tras 15 años sin nuevos eventos transgénicos en soja, el Ministerio de Agricultura anunció que están autorizadas en el país dos sojas Liberty Link (LL), resistentes al glufosinato de amonio.
Es de notar que Bayer presentó el expediente de aprobación en la Argentina en 1998. Según especificó el Secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, con esta aprobación Argentina se pone a la par de Brasil y Estados Unidos en este tipo de eventos. Asimismo, agregó que se debe dar impulso a la aprobación de otros eventos, por diversas razones como la competitividad, la resistencia de algunas malezas al glifosato, la posibilidad de generar otras alternativas y el uso del glufosinato de amonio como un herbicida que permita superar en algunos casos las resistencias que se están viendo.
La empresa no ha confirmado si comercializará las variedades aprobadas, ya que como el resto de la industria semillera, está pendiente de que el Gobierno resuelva el viejo problema de la propiedad intelectual, vinculado con el cobro de regalías de la soja, para poner en circulación nuevos eventos. A la espera de una nueva legislación, desde principios de año las compañías semilleras impulsan la firma de acuerdos privados con los productores que quieran acceder a las nuevas tecnologías, como la soja RR2 de Monsanto, ya disponible en Brasil. La mayoría de los productores que ha adherido al sistema de pago de regalías proviene del Noroeste del país, donde la soja BT/RR2 puede mejorar la productividad del cultivo. Desde la industria semillera señalan que existe una fuerte voluntad de los productores de suscribir los acuerdos privados para pagar regalías. Esto permitiría que los semilleros avancen en la comercialización de los nuevos eventos, aunque no haya una nueva ley. Ese esquema de pago, similar al que existe en Brasil y en Paraguay, despertó el rechazo de la Federación Agraria Argentina (FAA), que acusa a las empresas de prácticas monopólicas. Se debe encontrar un equilibrio adecuado, que permita por un lado a las empresas semilleras costear las inversiones necesarias para el desarrollo de sus productos y, por el otro, permita a los productores acceder a precios razonables a las nuevas tecnologías en materia de semillas.
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