El pasado 4 de octubre se logró el número mínimo de ratificaciones necesarias para que el Acuerdo de París, alcanzado en diciembre pasado en la capital francesa, y firmado en abril de este año en Nueva York, entre en vigor. El mismo alcanzó la ratificación de 74 países que representan un 58,82% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, superando los umbrales establecidos en el artículo 21 del mismo para su entrada en vigor. A la fecha de publicación del presente Boletín, el número de partes había llegado a 86 y seguía aumentando.
Habiendo obtenido las ratificaciones de China y Estados Unidos, los mayores emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial, restaba que la UE procediera a hacerlo. Así fue que el mencionado 4 de octubre, el Parlamento Europeo finalmente lo ratificó. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, junto al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señalaron que “Europa demuestra hoy que es capaz de grandes cosas cuando sabe conjugar sus energías y sus fuerzas. Tenemos la oportunidad de asistir a un movimiento que quedará para la historia”.
Argentina había hecho lo propio a principios de septiembre, cuando sancionó la Ley Nº 27.270, por la cual se aprobó dicho acuerdo. Como se ha mencionado, la propuesta argentina se compromete a bajar las emisiones contaminantes en un 15% para 2030 respecto de un escenario sin cambios (business as usual, BAU). Esta propuesta es incondicional, es decir, que se llevaría a cabo sin mediar ninguna ayuda internacional. Una meta adicional de un 15% extra se incluye en caso de que exista financiamiento internacional «adecuado y predecible» y apoyo a la transferencia, la innovación, el desarrollo de tecnología y la creación de capacidades.
De esta manera, el Acuerdo de París entrará en vigor el 4 de noviembre, días antes de iniciar la COP 22 en Marruecos, la que se llevará a cabo entre el 7 y el 18 de dicho mes. Y con entrada en vigor empieza a funcionar su órgano de gobierno, conocido como CMA.
Por otro lado, los planes nacionales de acción climática, conocidos formalmente como las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés), que las Partes presentaron como aporte al firmar, se transforman en contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). En cualquier momento, los países pueden revisar estos planes para aumentar su nivel de ambición. Esto lleva a que los gobiernos comiencen a tomar medidas para lograr los objetivos relativos a la temperatura consagrados en el acuerdo, es decir, limitar el aumento de la temperatura en este siglo a menos de 2 grados centígrados con respecto a los niveles de la era preindustrial y proseguir los esfuerzos para que ese aumento no supere los 1,5 grados.
También inicia un proceso clave, como es la elaboración del reglamento para la implementación del Acuerdo de París, el cual hará posible su implementación completa, estableciendo los requisitos concretos para que los países y otros actores informen de manera abierta y contabilicen sus acciones a favor del clima.
Otro asunto importante es asegurar que realmente se movilicen los 100.000 millones de dólares que los países desarrollados han prometido a los países en desarrollo para 2020 y que se produzcan inversiones mayores por parte de inversionistas, bancos y sector privado; con el objetivo de lograr la cifra de entre 5 y 7 billones que se necesita para hacer posible la transformación a nivel mundial.
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